Los tributos son prestaciones pecuniarias exigidas por el Estado o por una comunidad supranacional, en virtud de su poder de imperio y con fundamento en la ley. Estas prestaciones no siempre implican una contraprestación directa e inmediata para el contribuyente, lo que las distingue de otros pagos como los precios públicos. El tributo se establece con el propósito de financiar los gastos públicos y cumplir los fines del Estado, incluyendo objetivos fiscales y extrafiscales. Además, su creación está sujeta al principio de legalidad, lo que implica que solo pueden ser establecidos mediante ley o acto equivalente de autoridad competente.

Estos se pueden clasificar en vinculados y no vinculados, según la existencia o no de una relación directa entre el pago y un beneficio recibido por el contribuyente. Los tributos vinculados incluyen las tasas y las contribuciones especiales. Las tasas se pagan por el uso de un servicio público o por la realización de una actividad administrativa que beneficia directamente al contribuyente. Las contribuciones especiales, por su parte, se exigen cuando una obra pública genera un beneficio particular para ciertos ciudadanos, como ocurre con la valorización de inmuebles por mejoras urbanas.

Los tributos no vinculados se denominan impuestos, y se caracterizan por no implicar una contraprestación directa del Estado. El impuesto es una obligación unilateral, definitiva y coercitiva, establecida por ley, cuyo hecho generador refleja la capacidad económica del contribuyente. Plazas Vega también distingue entre impuestos directos e indirectos: los primeros gravan directamente la renta o el patrimonio, mientras que los segundos afectan el consumo o las transacciones. Esta clasificación permite entender mejor el impacto económico y social de cada tipo de tributo en el sistema fiscal.