https://www.youtube.com/live/d4HzpgPkJd8
Colombia redefine su sistema fiscal entre reformas fallidas, decretos de emergencia y nuevos ajustes en renta e IVA.
El panorama tributario colombiano atraviesa uno de los momentos más dinámicos —y complejos— de los últimos años, marcado por intentos de reforma estructural, decisiones adoptadas por vía de emergencia económica y ajustes técnicos que ya impactan la planificación fiscal de empresas y personas naturales.
El punto de partida de la coyuntura actual fue la Ley de Financiamiento propuesta por el Gobierno para 2026, con la que se buscaba inicialmente recaudar cerca de $26,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, la falta de consenso político llevó a que esta iniciativa se redujera a $16,3 billones e incluso enfrentara serias dificultades en el Congreso, reflejando tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Emergencia económica y tributación por decreto. Tras el hundimiento de la reforma, el Gobierno optó por declarar un estado de emergencia económica el 22 de diciembre de 2025, lo que le permitió expedir decretos con fuerza de ley en materia tributaria.
Entre las principales medidas adoptadas se destacan: Reducción del umbral del impuesto al patrimonio a 40.000 UVT, ampliando significativamente la base de contribuyentes. Gravamen del 19% de IVA a apuestas en línea y ampliación del IVA a la economía digital. Incremento del IVA a productos como licores y restricciones a exenciones en importaciones de bajo valor.
Estas medidas buscaban recaudar aproximadamente $11 billones, aunque muchas de ellas replicaban disposiciones previamente rechazadas por el Congreso, lo que generó debate institucional. No obstante, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente varios de estos decretos en enero de 2026, introduciendo un alto grado de incertidumbre jurídica mientras se decide su constitucionalidad.
En paralelo a la discusión estructural, el Gobierno ha avanzado en ajustes regulatorios específicos que impactan directamente el cumplimiento tributario. Un ejemplo reciente es el decreto que redefine el cálculo del impuesto sobre la renta, el cual: Define el tratamiento del componente inflacionario en rendimientos financieros. Fija un interés presunto del 9,09% en préstamos entre socios. Limita la deducibilidad de intereses al 28,35%.
Estas reglas inciden directamente en la liquidación del impuesto para el año gravable 2025 (declarado en 2026), obligando a replantear estrategias de planeación fiscal para múltiples contribuyentes.
Corte Constitucional dejó en firme la ley que prohíbe corridas de toros, corralejas y peleas de gallos en Colombia. Ley 2385 del 22 de julio de 2024 «Por medio de la cual se aporta a una transformación cultural mediante la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, así como de los procedimientos utilizados en estos espectáculos que socavan la integridad de formas de vida no humana». Esta decisión marca un hito importante en la protección de los derechos de los animales, reflejando un cambio significativo en la percepción social hacia el trato que reciben. La ley no solo busca eliminar prácticas consideradas crueles y violentas, sino que también fomenta una educación más compasiva hacia el bienestar animal. Con esta normativa, Colombia se alinea con una tendencia global que prioriza la ética en el trato a los seres vivos, promoviendo una convivencia más armónica entre humanos y animales. Aquí
Con 62 votos, el Dr. Carlos Camargo Assis (exdefensor del Pueblo y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE)) fue elegido por el Senado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. «Quiero dejar constancia de mi compromiso con la realidad nacional. Una corte que ignora la vida diaria de los ciudadanos, sus angustias y esperanzas se arriesga a perder legitimidad», fueron algunas de las palabras del nuevo magistrado del alto tribunal constitucional.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, ha sido protagonista en la evolución de la justicia tributaria en Colombia, consolidando criterios sobre la legalidad de los actos administrativos en materia fiscal. A través de sentencias de unificación, ha precisado el alcance de normas como el artículo 43 de la Ley 962 de 2005, estableciendo que la corrección de declaraciones tributarias debe respetar el término de firmeza previsto en el Estatuto Tributario. Estas decisiones fortalecen la seguridad jurídica y el debido proceso en las actuaciones de la administración tributaria. Aquí
Además, la jurisprudencia reciente ha abordado temas como la deducibilidad de pagos al exterior, el régimen de precios de transferencia y la interpretación razonable de la legislación tributaria. Aquí
En una sentencia clave, la Sala aclaró que la retención en la fuente no puede exigirse sobre ingresos de fuente extranjera si la ley no lo contempla expresamente. Aquí
Estos fallos no solo delimitan el poder fiscal del Estado, sino que también protegen los derechos de los contribuyentes frente a actuaciones arbitrarias.
Bienvenidos a Transformando el Derecho, 